SAN JUAN, Puerto Rico.- Ha cobrado fuerza entre investigadores puertorriqueños la versión de que José David Figueroa Agosto (Junior Cápsula) fue un confidente de las autoridades.
Se ha dicho que Junior Cápsula, quien escapó de una Penitenciaría Estatal de Río Piedras (Oso Blanco) en 1999, trabajó como doble agente para los federales.
El periódico boricua Primera Hora así lo reseña en la edición de la fecha.
El narcotraficante Figueroa Agosto, quien por más de una década permaneció como uno de los fugitivos más buscados por las autoridades dominicanas y puertorriqueñas hasta su arresto el pasado 17 de julio en Loíza, caminó una línea peligrosa como uno de los principales exportadores de cocaína del Caribe y posible confidente de las autoridades, sostiene el rotativo.
Aunque se ha rumorado que el narco trabajó como un doble agente para los federales, la teoría cobra aún más fuerza con nuevas revelaciones sobre una prueba de polígrafo que le fue realizada mucho antes de que protagonizara una espectacular fuga de la antigua Penitenciaría Estatal de Río Piedras, en 1999, con otros individuos que pertenecían a su organización criminal.
Fuentes de Primera Hora aseguran que el capo, que ahora es investigado por un gran Jurado federal por narcotráfico, había sido excarcelado momentáneamente para una prueba de polígrafo que actualmente su representación legal intenta obtener para su solicitud de nuevo juicio por la tortura y muerte en marzo de 1993 de Arnaldo Martínez, mejor conocido como “ Nandy el gruero”, un presunto narcotraficante que aparentemente había perdido un alijo de cocaína de un cartel colombiano.
El portavoz del equipo legal de Junior Cápsula, el abogado Ramón Negrón, no respondió las llamadas de este diario.
Las autoridades se habían enterado de que Figueroa Agosto podía coordinar el envío de cargamentos de drogas millonarios a Puerto Rico desde los confines de su encarcelamiento e intentaron utilizar la prueba de polígrafo para determinar si éste contaba con los recursos y los contactos para llevar a cabo las operaciones, aunque oficialmente él mismo formó parte de un proceso fallido de conmutación de sentencia que sus abogados intentaron promover mediante las solicitudes de indulto que habían firmado seis prominentes figuras del Partido Nuevo Progresista en Bayamón.
Entre éstas figuraban Antonio “Toñito” Silva, el ex procurador del Ciudadano Carlos López Nieves y Ramón Luis Rivera, padre e hijo, caciques de la poltrona municipal.
Entre éstas figuraban Antonio “Toñito” Silva, el ex procurador del Ciudadano Carlos López Nieves y Ramón Luis Rivera, padre e hijo, caciques de la poltrona municipal.
Bajo fuertes medidas de seguridad, el sujeto fue excarcelado y trasladado al Centro de Investigaciones de San Juan, donde se le realizó la prueba que arrojó un resultado “inconcluso”. Aparentemente, varios funcionarios de ley y orden advinieron en conocimiento de la prueba que fue administrada por un poligrafista estatal.
A esto se suman otros requerimientos realizados por representantes de la DEA para que Junior Cápsula no fuese arrestado luego que se fugara a la República Dominicana, país que se convirtió en su centro de operaciones para el envío de cargamentos millonarios a Puerto Rico y grandes ciudades de la costa este estadounidense.
El narcotraficante contrató una batería de abogados para defenderlo tanto en el foro estatal como federal.
Aunque Figueroa Agosto está pendiente de ser sentenciado por el juez José A. Fusté, por haber evadido la jurisdicción estadounidense con un pasaporte que obtuvo mediante datos fraudulentos, las autoridades federales aparentemente cuentan con un voluminoso expediente sobre las operaciones de narcotráfico de Junior Cápsula que podrían usar como una ficha de negociación.
Contra el sujeto pesa una sentencia de 209 años de cárcel por la muerte de Nandy, pero se supo que sus abogados podrían solicitar que el Departamento de Justicia acceda a una petición de nuevo juicio y una sentencia rebajada para que el capo cumpla su sentencia estatal en una institución federal fuera de Puerto Rico.
El acuerdo, además, podría estar condicionado a la información que el confinado podría proveer sobre sus operaciones de narcotráfico y las figuras que vincularía a su antigua empresa criminal.
Los abogados de Figueroa Agosto alegaron tras su arresto que éste no cooperaría con las autoridades.
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