Las invitaciones a los actos con que Evo Morales conmemora su quinto aniversario en el poder, salieron de La Paz con la debida anticipación. Pero muchos de los alcaldes, jueces de paz y hasta sacerdotes de las más remotas aldeas del Altiplano, de la Amazonía y del Chaco esperaron hasta el último momento para confirmar su asistencia. Las últimas encuestas señalan que la popularidad del presidente se sitúa en torno al 30%, más de veinte puntos por debajo de la aprobación que tenía en enero del 2006, cuando fue el primer indígena en llegar al Palacio Quemado.
En las elecciones del 2009, Morales fue reelecto en su cargo con el 64% de los votos, un record que difícilmente pueda ser superado por sus adversarios o por él mismo. Los dignatarios de los ayllus (pueblos indígenas) olfatean la debilidad de su líder y se hacen de rogar, no como años atrás cuando lo seguían ciegamente adonde fuera.
Siguiendo su trayectoria, uno se da cuenta de que a Evo le está yendo bastante mal por tratar de hacerlo bien. A finales del 2009, el mandatario boliviano se dio cuenta de que el Estado no podía seguir manteniendo el ?subsidio a los combustibles, a un coste de 1.900 millones de dólares en los tres últimos años. De golpe decidió subir el precio en hasta un 82% y de golpe también, tuvo que derogar la medida, cuando todos los movimientos sociales, grupos indígenas y sindicatos que lo sustentaban, amenazaron con arrojarlo del poder si no daba marcha atrás.
Si Evo hubiera reajustado gradualmente el precio de las gasolinas, no se habría convertido en lo que es ahora: un rehén del así llamado sector social. Y en el prisionero de sus propios dilemas, pues el Evo pragmático está en permanente conflicto con el Evo de las banderas indigenista y neo-socialistas.
Por un lado, ordena al Ejército intensificar la lucha contra el narcotráfico porque como hombre sensato que repudia ese comercio y advierte el peligro de que Bolivia se transforme en lo que era Colombia durante el apogeo de los cárteles de la droga. Por otro lado, promueve el consumo de la hoja de coca y defiende su legitimidad ante la ONU pese a que el 70% de la cosecha deriva en los laboratorios de cocaína que están dispersos en la selva y en la región del Chapare. Con los pueblos indígenas sucede lo mismo. Fiel a sus promesas, a la letra de la nueva Constitución y a su propio origen étnico, Evo incorporó a decenas de aymaras y quechuas a la administración pública e instauró la autonomía indígena en todas las aldeas que optaron libremente por esa forma de autogobierno. Ahora esas aldeas, agrupadas en pequeños cantones, exigen la potestad sobre los recursos naturales de su territorio y desconocen la autoridad del Estado para manejar las riquezas.
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